El presidente del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, Dr. Charles Mejía, denunció públicamente un acto de injerencia institucional por parte del Consejo de la Magistratura durante el desarrollo de una audiencia de Acción Popular de alto perfil.

La audiencia, llevada adelante por la Sala Constitucional Primera, corresponde a la demanda presentada por Marlene María Sierra Terán contra el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Óscar Hassenteufel. Según Mejía, la sesión fue interrumpida de forma abrupta por funcionarios del Consejo de la Magistratura, quienes llegaron a notificar a los vocales en pleno desarrollo del acto judicial.

“Esto es una clara violación al principio de independencia judicial. No es la primera vez que se intenta coaccionar a jueces y vocales con amenazas de intervención y fiscalización”, expresó Mejía en una contundente conferencia de prensa.

Una acción de “alto interés nacional” La audiencia en cuestión fue calificada por Mejía como de “connotación nacional”, dada su vinculación con el proceso electoral 2025. Ante la intervención, el tribunal declaró un cuarto intermedio de 10 minutos, tras lo cual decidió continuar con el proceso pese a la presión externa.

Acusan intervención directa desde Sucre Mejía detalló que la intervención se realizó por instrucciones del presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, y estuvo liderada por la Dra. Jacqueline Pinto, acompañada por al menos siete funcionarios provenientes de Sucre y otros del Consejo en Beni.

“Mientras los jueces hacemos inspecciones carcelarias con recursos propios, el Consejo despliega personal con pasajes, viáticos y comisiones. No hay austeridad para interferir, pero sí para garantizar el trabajo judicial”, denunció.

Representación nacional y acciones legales El presidente del Tribunal Departamental anunció que ya se realizaron representaciones formales ante el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional Plurinacional, y adelantó que se iniciarán acciones legales y administrativas para preservar la independencia del sistema judicial.

“Nos debemos solo a la Constitución y a la ley. No vamos a permitir más abusos ni amenazas por parte de ningún órgano administrativo”, sentenció.

La tensión entre el Órgano Judicial y el Consejo de la Magistratura ha sido creciente en los últimos años, especialmente en casos que involucran procesos electorales y recursos constitucionales sensibles. Este nuevo incidente agrava la preocupación por la independencia judicial en Bolivia, especialmente a meses de unas elecciones presidenciales decisivas.